Petición

Lic. Felipe Calderón HinojosaPresidente de la República.

C. Patricio Patrón Laviada.Gobernador del estado de Yucatán

Lic. Armando Villarreal Guerra.Procurador General de Justicia del estado.

Magistrado Ángel Prieto Méndez. Presidente del Tribunal Superior de JusticiaDel estado de Yucatán

El día 13 de marzo del presente año y en el contexto de las manifestaciones contra la visita del presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, a Mérida, fueron detenidas, en la Plaza Grande de esta ciudad, 48 personas en un operativo efectuado por cientos de elementos de la Secretaría de Protección y Vialidad del estado y Policía Municipal. Muchos de los detenidos fueron golpeados y sometidos a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de los policías aprehensores.

Posteriormente fueron trasladados a las instalaciones de dichas corporaciones, en donde permanecieron en estado de incomunicación por un lapso de aproximadamente 8 horas, tiempo en el cual y según diversas testimonios, a muchos de ellos les fueron sembradas armas.

Durante el operativo, y según declaraciones de personas que se encontraban en la Plaza, los policías detuvieron de manera indiscriminada a gente que vestía de determinada manera.

Incluso fueron detenidas personas que, sin haber participado en la manifestación, se encontraban de paso por la Plaza Grande. Cuando fueron remitidos a la Procuraduría General de Justicia del estado se les negó, durante casi 20horas, el derecho a comunicarse con sus familiares, abogados y/o personas de confianza, no se les hizoefectivo el derecho a realizar llamadas telefónicas, durante su declaración no contaron con una defensa adecuada y, en no pocos casos, existieron presiones para que se declararan culpables, amén del hechoinconstitucional de retener a menores de edad ante una autoridad que, según el artículo 18 constitucional, no es competente para ello.

La procuraduría en ningún momento informó a los familiares de los delitos que se imputaba a los detenidos y fue hasta casi las dos de la mañana del día 16 de marzo cuando se comunicó a los familiares de la situación jurídica, teniendo como resultado la consignación de 26 personas por delitos como daño en propiedad, ataques peligrosos, portación de instrumentos prohibidos, robo con violencia y robo en pandilla.

En sus declaraciones preparatorias, la Juez Séptima, ante quien se remitió a 21 de las 26 personasconsignadas, interrogó de manera tendenciosa a los procesados con preguntas como ¿te consta que George Bush es un genocida? ¿Sabes que quiere decir genocidio?, hecho que hace temer que dicha juzgadora definirá la situación jurídica de los procesados con base en sus opiniones políticas.

Ningún procedimiento del orden penal puede estar sustentado en violaciones a los derechos humanos, de ser así la acción de los órganos encargados de procurar y administrar justicia no sólo carecería delegalidad y credibilidad, sino que harían incurrir al Estado mexicano en responsabilidad internacional. Por lo anteriormente señalado, atentamente solicitamos:Al Gobernador del estado y al Procurador de Justicia del estado:

.- Con fundamento en el artículo 345 fracción III del Código de Procedimientos en materia penal del estado, se desistan de la acción penal ejercitada en contra de los detenidos el día 13 de marzo de 2007 y consignados a los jueces Séptimo, Primero, Segundo y Tercero del Primer departamento judicial del estado y al Consejo Tutelar para menores.

.- Se inicien las investigaciones por las violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de las y los detenidos el día 13 de marzo del presente año.Al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado:

.- Garantice que el Poder Judicial del estado haga efectivos los derechos de presunción de inocencia ydebido proceso establecidos tanto en la Constitución como el los principales tratados de derechos humanos.

.- Que en pleno ejercicio de su autonomía e independencia, el poder judicial del estado no convalide las violaciones a los derechos humanos de las que fueron objeto las personas detenidas, dejandoen libertad a toda aquella persona que haya sufrido violaciones a los derechos humanos durante la detención, incomunicación y puesta a disposición del ministerio público.

.- Que en la determinación de la situación jurídica de los procesados, los jueces se atenga al materialprobatorio y evite tomar determinaciones basadas en opiniones políticas.

La eficacia y credibilidad de los cuerpos policíacos y las instituciones encargadas de procurar justicia debe basarse, antes que nada, en el cabal respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales.

El establecimiento del estado de derecho y la eficacia de la seguridad pública no pueden hacerse a costa de la integridad física y psicológica de la sociedad. Sin otro particular, y en espera de su pronta respuesta, nos despedimos de ustedes.

Atentamente.

Colectivo Rincon Rupestre
Cancun Q.Roo México