México DF, 8 marzo 07 (CIMAC).- “¡Las mujeres no somos botín de guerra!”, gritaron miles de mujeres este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en reclamo por la militarización del país y las violaciones cometidas por miembros del ejército y las policías a lo largo y ancho de la República.
En una marcha permeada por la indignación ante las violaciones sufridas por mujeres en Atenco, Oaxaca, Coahuila, Chihuahua, Chiapas y Veracruz, pero sobre todo por la impunidad y la falta de respuesta de las autoridades, el contingente recorrió esta tarde del Monumento a la Revolución hasta el Zócalo de la Ciudad de México.
Las manifestantes exigieron también la libertad de las presas políticas de Atenco y Oaxaca, quienes han denunciado reiteradamente el trato inhumano y la violación sexual que cometieron contra ellas elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP).
Las mujeres marcharon acompañadas por estudiantes de Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), representantes de las organizaciones sociales de Atenco y Oaxaca, del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y de la Sección 200 del Sindicato de Mineros y del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).
Organizadas en contingentes de diversas corrientes del movimiento feminista y de mujeres, como el de Católicas por el Derecho a Decidir, Salud Integral para la Mujer (Sipam), así como feministas independientes, exigieron también libertad de conciencia, igualdad de género para poner fin a la pobreza y respeto a los derechos reproductivos de las mujeres.
Entre los contingentes iba también la senadora Rosario Ibarra de Piedra, quien a sus 80 años continúa participando en la lucha por el respeto a los derechos humanos de las y los mexicanos, así como la periodista y feminista Sara Lovera, entre otras.
Durante el mitin que tuvo lugar al finalizar el recorrido, Elvira Martínez, viuda del minero José Vladimir, muerto en el derrumbe de Pasta de Conchos junto con otros 61 trabajadores, pidió castigo a los culpables de la tragedia que, dijo, no fue un accidente, sino el resultado de la negligencia e irresponsabilidad de los dueños de Minera México y de las autoridades, principalmente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el gobierno del estado y el Ejecutivo Federal.
Debido a su ambición y omisiones, dijo Martínez, muchas mujeres y casi cien niños padecemos la ausencia de nuestros esposos, nuestros compañeros, nuestros hijos y nuestros padres. Así es como el gobierno de Calderón cuida y respeta a las familias.
Habló también Ana María Robles, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, quien recordó que 7 mujeres aún están presas en el penal de Santiaguito, como respuesta del gobierno a su decisión de levantar la voz, unirse y defender sus derechos.
“Ellas fueron violadas, golpeadas y torturadas por la policía, pero aún así, dicen, no nos van a callar, a pesar de estar encerradas”, afirmó Ana María, que estuvo también presa junto con ellas.
JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE ATENCO
Poco antes de la marcha, organizaciones sociales exigieron a la fiscal Alicia Elena Pérez Duarte, titular de la Fiscalía para la Atención de Delitos Violentos contra Mujeres (Fevim), acelerar el proceso y consignar a los responsables de la violación y tortura de las mujeres de Atenco.
En rueda de prensa, celebrada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), que desde mayo de 2006 ha participado como coadyuvante en la investigación que está por concluir, Luisa Pérez, abogada del organismo, señaló que la fiscalía cuenta con elementos suficientes para consignar al menos 5 denuncias ante un juez federal.
Existen pruebas para demostrar la tortura física, psicológica y sexual contra estas mujeres, afirmó, y los peritajes que realizaron de manera independiente peritos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), lo constatan.En este sentido, Ricardo Lowe, del CCTI, pidió no minimizar los resultados realizados por peritos independientes, pues cumplen con los requisitos internacionales.
La abogada del Prodh dijo que “las probables ataduras que pudiera tener la Fiscalía para realizar la investigación deberá resolverlas porque existe un compromiso de la fiscal con las mujeres de Atenco.“Se supone que es una fiscalía con perspectiva de género, que se dice sensible a la violencia que padecen las mujeres, esperamos que sea imparcial y que asuma el compromiso que adquirió con las mujeres de Atenco”, advirtió la activista.
Es evidente, señalaron los del CCTI, que las autoridades del Estado de México no ofrecerán una investigación imparcial, por lo que reiteraron su exigencia para que la Fevim, que tiene más herramientas para proporcionar justicia a las mujeres y sus familiares, actúe de inmediato.Luisa Pérez recordó que desde el 17 de mayo de 2006, 14 días después de los operativos en San Salvador Atenco y Texcoco, 14 mujeres ratificaron su denuncia por la tortura física, sexual y psicológica por parte de policías federales y estatales.
La activista y defensora de derechos humanos recordó que el gobierno mexicano cuenta con dos recomendaciones internacionales.
La primera del Comité Contra la Tortura (CAT por sus siglas en inglés) y la segunda del Comité contra la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw).
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