miércoles, febrero 27, 2008

Hacia un Estado policiaco

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer, con 462 votos en favor, seis en contra y dos abstenciones, el controvertido proyecto de reformas constitucionales en materia judicial –conocida popularmente como ley Gestapo–, que incluye disposiciones severamente criticadas por organismos defensores de los derechos humanos y por otros sectores de la sociedad, como la extinción de dominio, la atribución de facultades extraordinarias al Ministerio Público (MP) y a los cuerpos policiacos, el acceso de las autoridades a los datos personales y bancarios de los sospechosos, y la inclusión de la figura del arraigo –que podrá ser hasta por 80 días– en el marco constitucional.

Por fortuna logró evitarse la supresión de las modificaciones al artículo 16 de la Constitución, mediante las cuales se autorizaba el allanamiento de domicilios por las policías, sin orden judicial de por medio, por más que el fracaso de esa adulteración aberrante del marco legal no obedeció a un espíritu de respeto a las garantías individuales, sino a una lógica pragmática de los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), quienes, ante la oposición de los diputados del Frente Amplio Progresista (FAP), decidieron eliminarla para alcanzar los dos tercios de la votación necesarios para la aprobación del proyecto en su conjunto.

Así, aunque se eliminó el allanamiento injustificado de los domicilios, se mantuvieron intactas otras disposiciones violatorias a los derechos humanos, entre las que destacan la facultad que, en lo sucesivo, tendrán las policías para realizar detenciones discrecionales y arbitrarias, así como la inclusión del arraigo en el marco legal vigente, que rompen con el principio constitucional de presunción de inocencia, abren un amplio margen para el atropello de las libertades ciudadanas y colocan a la población en su conjunto en un estado de indefensión ante la autoridad.

El combate al crimen es una de las responsabilidades irrenunciables del gobierno y, para realizarla, éste debe contar con instrumentos jurídicos adecuados y eficaces, pero no lesivos para las garantías individuales. Esto no es cosa menor en el contexto de un país en el que los derechos humanos son violentados en forma cotidiana y en el que el gobierno ha exhibido constante indiferencia al respecto.
Como botón de muestra ha de recordarse que, durante la visita de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, aseguró que “en México no hay mayor amenaza a los derechos humanos que la que representa el crimen organizado”, como si fueran menores los atropellos que cometen las propias fuerzas públicas y que han mostrado un claro incremento en esta administración y en la pasada.
¿Qué es la Ley Gestapo?
La represión que se nos viene encima

Por Jaime AvilésRevista El Chamuco No. 142,Febrero de 2008

No se lo digan a nadie, pero gracias a los diputados y senadores del PRI, del PAN e incluso del PRD, dentro de poco cualquier policía podrá entrar a cualquier casa a cualquier hora y con cualquier pretexto, para esculcarla a su antojo, robarse lo que más le guste y llevarse a las personas que encuentre en su interior; con la hospitalaria intención de incomunicarlas en un centro de arraigo hasta por 40 días.

¿No lo sabían? Pos entérese porque éstas son apenas algunas de las medidas que entrarán en vigor al amparo de la llamada “reforma judicial”, mejor conocida como Ley Gestapo: un conjunto de modificaciones a los artículos I6, 17, 20, 21 Y 123 de la Constitución y, por favor; no bostecen, porque la cosa va muy en serio.

En primer lugar; la tal reforma hará posible que organizaciones como eI Yunque pueda desempeñar funciones policíacas.
Gracias a un párrafo que se anexó al artículo 16 constitucional, “cualquier persona podrá detener a otra, si ésta comete un delito en flagrancia”.
Esa posibilidad ya es aceptada en los códigos penales del país: ¿para qué elevarla a rango constitucional? A la mejor para lo siguiente, Imagínense: un grupo de yunquistas acusará a una pejeviejita -nomás porque le cae gorda- de estar “vendiendo cocaína a la puerta de un colegio”. Bastará que la agarren, la entreguen en la delegación más cercana, la acusen y presenten el cuerpo del delito y los testigos, que serán por supuesto ellos mismos, ¿No es un traje a la medida del fascismo?

Ese mismo artículo 16, remodelado, señala que “la policía podrá ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista amenaza grave”.
Este es otro concepto que ya figura en los códigos penales. Si unos ladrones secuestran a una persona en la calle y la policía los persigue y ve que se esconden en una casa, lo único que tiene que hacer es entrar a esa casa y rescatar a esa persona sin pedir la autorización escrita de un juez.
Gracias a la Ley Gestapo, sin embargo, esta excepción se volverá la regla, y todo policía podrá catear cualquier casa a toda hora, y los jueces que antes autorizaban esta clase de operaciones ahora tendrán más tiempo libre porque ya no serán requeridos para estos trabajos.
¿No es una treta para intensificar la represión generalizada con el pretexto de que la policía debe aumentar su eficacia? En forma complementaria, en el propio artículo 16 se institucionalizan los arraigos “hasta por 40 días”, Durante ese lapso, los detenidos no podrán hablar con sus familiares ni contar con la ayuda de un abogado defensor.
El arraigo se concibe, explican los enterados, como un recurso para que la policía obtenga pruebas que permitan demostrar la culpabilidad de una persona a la que no pueden encarcelar por falta de elementos.
Pero esos centros de “arraigo” serán también de tortura, en donde los policías podrán aplicar las nuevas técnicas de “investigación” desarrolladas por el ejército de Estados Unidos en Iraq y Guantánamo, como esa de obligar a los cautivos a escuchar música de rap a todo volumen, las 24 horas del día, durante varias semanas. Y como Bush está extendiendo la doctrina de que la tortura es válida -aunque viole todos los acuerdos internacionales que la condenan-, ésta se intensificará en México, donde ya es de por sí una práctica cotidiana.

Ahora bien, para evitar que se cometan abusos al amparo de las nuevas normas, la Ley Gestapo establecerá un mecanismo de vigilancia creando, en el artículo 17, la figura de los “jueces de control”. Estos en realidad serán unos súper jueces, con facultades para resolver situaciones anómalas casi al instante. Lo malo es que -como lo denunció el jurista Raúl Carrancá y Rivas- entrarán en funciones... ien 2016! Dentro de ocho años. ¿Ese es el plazo que Calderón supone que necesita para imponer; la paz de los sepulcros en todo el país?
Ojalá, señores diputados, no lleguen a lamentar que a algún familiar, amigo o conocido, o a ustedes mismos, le apliquen las medidas persecutorias que tan a la ligera aprueban.

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